El Peritaje en Ingeniería de Minas: la voz técnica que incomoda al poder.

Por Paola Rosales Pino

Ingeniera en Minas – Perito judicial en Ingeniería de Minas

El peritaje en ingeniería de minas constituye una de las funciones técnicas más relevantes y, paradójicamente, menos visibilizadas dentro del sistema de justicia, la fiscalización estatal y la propia industria minera. En países donde la minería ha sido históricamente motor económico, fuente de empleo y eje estratégico del desarrollo, resulta incomprensible que la figura del perito continúe relegada a un rol secundario, incómodo o meramente instrumental.

Esta disciplina se sitúa en la intersección entre la ciencia, la técnica y el derecho, No se limita a emitir opiniones, sino que tiene la responsabilidad de reconstruir hechos, evaluar decisiones técnicas, identificar incumplimientos normativos y determinar si los riesgos asociados a una faena minera según la normativa vigente. En ese sentido, el peritaje no es solo un insumo procesal, sino una verdadera garantía de objetividad frente a conflictos donde colisionan intereses económicos, ambientales, laborales y humanos.

El Perito en ingeniería de minas no debiera ser entendido como un simple asesor técnico, Su rol es traducir la complejidad inherente a la actividad minera en un lenguaje comprensible para jueces, fiscales, abogados, autoridades administrativas y, en ocasiones, para la ciudadanía. Un informe pericial puede definir responsabilidades penales, civiles o administrativas; puede establecer si una faena era segura o intrínsecamente riesgosa; si un colapso era previsible o inevitable; si un daño ambiental pudo evitarse; o si una muerte fue consecuencia directa de negligencias técnicas acumuladas.

A pesar de esta enorme responsabilidad, el peritaje minero continúa siendo tratado como un elemento accesorio. En muchas ocasiones se le convoca tarde, cuando el daño ya es irreversible, o se le resta valor cuando sus conclusiones resultan incómodas para quienes detentan poder económico o institucional. En una industria donde los grandes capitales, los plazos productivos y la presión por resultados dominan la toma de decisiones, la verdad técnica suele convertirse en una molestia.

El peritaje en ingeniería de minas surge casi siempre del conflicto. No aparece en escenarios ideales ni en contextos de planificación exitosa, sino allí donde algo falló: un accidente fatal, un colapso estructural, un derrame de relaves, un incumplimiento normativo reiterado, una denuncia ambiental o un conflicto laboral grave. Es en ese punto de quiebre, cuando las versiones se enfrentan y la confianza se rompe, que la técnica es llamada a dirimir responsabilidades, oportunamente, podrían evitar futuras tragedias.

Este origen conflictivo ha marcado también su estatus. El perito no forma parte del proceso productivo ni del diseño original de los proyectos; llega después, cuando el sistema ya evidenció sus fallas. Por ello, su presencia suele ser resistida. Para la empresa, un peritaje puede significar sanciones, multas, paralizaciones o pérdida de reputación. Para el Estado, puede dejar en evidencia fallas de fiscalización, vacíos regulatorios o negligencias administrativas. Para los trabajadores y comunidades, en cambio, el peritaje puede ser la única vía para validar técnicamente riesgos que fueron advertidos y desoídos.

Existe además una tensión estructural entre la lógica técnica del peritaje y la narrativa jurídica que domina los procesos judiciales. El derecho busca certezas, responsabilidades individuales y causalidades directas. La ingeniería opera en escenarios complejos, probabilísticos y multifactoriales. Un accidente minero rara vez responde a una única causa; suele ser el resultado de una cadena de decisiones incorrectas, omisiones reiteradas, fallas de diseño, deficiencias operativas y presiones productivas sostenidas en el tiempo.

El perito debe traducir esta complejidad sin perder rigor técnico, pero también sin refugiarse en tecnicismos incomprensibles. Debe explicar por qué un talud colapsó y no solo cómo; por qué un sistema de sostenimiento fue insuficiente y no solo que incumplía la norma; por qué un plan de ventilación era inadecuado aun cuando existía formalmente. Todo ello bajo plazos judiciales restrictivos, interrogatorios hostiles y, en no pocos casos, intentos explícitos de desacreditar su independencia.

Hablar de peritaje es hablar inevitablemente de independencia técnica y ética. Sin independencia, el peritaje pierde todo valor. Un informe puede estar correctamente estructurado, con cálculos precisos y citas normativas pertinentes, pero si está condicionado por intereses económicos, presiones institucionales o temores personales, deja de ser un aporte a la verdad y se transforma en una herramienta de legitimación.

En el ámbito minero, donde las asimetrías de poder entre empresas, trabajadores, comunidades y Estado son profundas, la independencia del perito es un pilar irrenunciable. No es lo mismo evaluar una faena artesanal que analizar una operación de gran minería; no es equivalente investigar un accidente aislado que detectar un patrón sistemático de incumplimientos. El perito debe tener la fortaleza ética para sostener conclusiones impopulares, incluso cuando estas afectan a actores poderosos.

La realidad demuestra que esta independencia no siempre está protegida. La ausencia de estándares claros, la falta de registros robustos de peritos especializados, la precariedad en las condiciones de contratación y la inexistencia de protección frente a represalias profesionales generan un escenario propicio para la autocensura técnica. En ese contexto, el silencio o la ambigüedad se transforman en mecanismos de supervivencia.

Uno de los errores conceptuales más graves es considerar el peritaje en ingeniería de minas únicamente como una herramienta reactiva. Su mayor valor radica en su potencial preventivo. Un peritaje bien realizado no solo esclarece hechos pasados, sino que identifica patrones de riesgo, deficiencias estructurales y fallas sistémicas.

Cuando un informe pericial concluye que un diseño minero no consideró adecuadamente las condiciones geomecánicas del macizo rocoso, que los planes de cierre fueron subestimados o que la gestión del riesgo era meramente documental, se está entregando información crítica para corregir el rumbo de toda una industria. Ignorar estas conclusiones no solo es técnicamente irresponsable, sino éticamente reprochable.

Detrás de cada peritaje existen historias humanas. Familias que perdieron a un trabajador, comunidades afectadas por contaminación, profesionales que advirtieron riesgos y fueron ignorados. El perito no puede abstraerse completamente de esta dimensión. Aunque su rol exige objetividad, también requiere conciencia del impacto social y humano de sus conclusiones.

Afirmar que un accidente era evitable no es solo una conclusión técnica; es una declaración con profundas implicancias morales. Implica reconocer que hubo decisiones que priorizaron costos sobre seguridad, producción sobre prevención y plazos sobre vidas humanas. En ese sentido, el peritaje se convierte también en un acto de memoria y responsabilidad colectiva.

Pese a su importancia estratégica, el peritaje en ingeniería de minas no ocupa un lugar central en la formación académica de los ingenieros. Se enseña a diseñar, planificar y optimizar, pero se reflexiona poco sobre el rol del ingeniero como garante de seguridad, evaluador independiente o auxiliar de la justicia. Esta carencia formativa se traduce en escasez de peritos especializados y en una subvaloración persistente de la función.

Avanzar hacia una profesionalización real del peritaje minero resulta urgente. Ello implica formación específica, certificaciones formales, actualización permanente y reconocimiento institucional. No basta con ser un buen ingeniero; ser perito exige competencias adicionales en ética profesional, comunicación efectiva, análisis crítico y comprensión del marco legal.

Cuando el peritaje se dirige a grandes operaciones mineras o a organismos fiscalizadores, la tensión se intensifica. El perito deja de ser visto como experto neutral y pasa a ser percibido como una amenaza. No son pocos los casos en que informes técnicos han sido minimizados, cuestionados o ignorados porque sus conclusiones resultaban incómodas.

Esta dinámica erosiona la confianza pública y refuerza la percepción de impunidad. Si la técnica no tiene un espacio real de incidencia, el mensaje es claro: la verdad se vuelve negociable cuando existen intereses económicos o políticos relevantes.

El peritaje en ingeniería de minas no es un lujo ni una formalidad procesal. Es una herramienta esencial para la justicia, la seguridad y la sostenibilidad de una actividad que seguirá siendo central para el desarrollo del país. Invisibilizarlo, precarizarlo o instrumentalizarlo debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo vidas humanas.

Fortalecer el peritaje implica proteger la independencia del perito, reconocer su rol y asumir que la verdad técnica, aunque incómoda, es indispensable para avanzar hacia una minería más segura, responsable y humana.

Paola Rosales Pino

Ingeniera en Minas

Perito judicial en Ingeniería de Minas

rosales.pino.paola@gmail.com

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