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El informe pericial forense para tribunales de familia.

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    ColegioPeritosdeChile
  • hace 1 hora
  • 6 min de lectura

Por Álvaro Aliaga Moore


En los tribunales de familia, diariamente se toman algunas de las decisiones más complejas y trascendentes del sistema judicial, como puede ser el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, la regulación de la relación directa y regular, la determinación de medidas de protección o la evaluación de competencias parentales. En cada una de estas, convergen dimensiones jurídicas, psicológicas, sociales y éticas.


En este contexto, la prueba pericial psicológica, ocupa un lugar relevante en la toma de decisiones judiciales, por lo que resulta cada vez más habitual, que juezas y jueces recurren al conocimiento experto, cuando las materias involucran asuntos que exceden su propio ámbito de formación. Sin embargo, la creciente y sostenida demanda por la realización de pericias psicológicas, contrasta con una realidad incómoda y en muchos casos invisibilizada, como es que en Chile aún existen importantes brechas en materia de regulación, formación, y control de calidad del trabajo pericial.


Precisamente en este punto es donde radica la principal contribución del libro: El informe pericial forense para tribunales de familia: una propuesta práctica, de Arturo Klenner y sus colaboradores, publicada recientemente por DER Ediciones. La obra aborda un vacío largamente reconocido por quienes trabajamos en la interfaz entre las ciencias del comportamiento y el sistema judicial: la carencia de estándares compartidos sobre cómo elaborar, presentar y comunicar un informe pericial, que sea científicamente sólido, jurídicamente pertinente, comprensible para quienes deben valorarlo y éticamente posicionado.


Más que un manual prescriptivo, el libro se presenta como un "pretexto" para abrir una conversación pendiente. En este sentido, uno de sus principales méritos, consiste en sistematizar conocimiento disperso, integrar perspectivas provenientes del derecho y las ciencias forenses, así como ofrecer una propuesta concreta para mejorar la calidad de la comunicación pericial.


El libro nos adentra en la realidad judicial chilena y su relación con la prueba pericial en materias de familia, haciéndose eco de información expuesta en medios de comunicación y difusión, así como los hallazgos reportados en el informe publicado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, documento titulado “Peritajes en Chile (2017), que identificó contundentes debilidades en el sistema como la escasa formación especializada, insuficiente regulación, limitada supervisión, heterogeneidad metodológica y una débil cultura de evaluación del desempeño de los peritos. El diagnóstico ofrecido por los autores, lamentablemente no resulta desconocido para los que nos dedicamos a la actividad pericial, docencia e investigación en materias relacionadas con la psicología y ley. Sin embargo, ofrece una valiosa y actualizada mirada para todos aquellos profesionales que se encuentran en formación.


Uno de los aportes más valiosos del libro, es situar la discusión sobre la calidad del informe pericial en un plano sistémico. La obra evita la tentación de responsabilizar exclusivamente a los peritos y reconoce que la calidad de la prueba pericial, depende también del correcto desempeño de jueces, abogados, instituciones públicas, colegios profesionales y universidades. Esta perspectiva es particularmente relevante en un escenario donde las críticas a la prueba pericial suelen formularse de manera indiscriminada, afectando incluso a quienes desarrollan un trabajo riguroso y éticamente responsable.


El texto recuerda una verdad fundamental: una mala pericia no solo perjudica a las personas evaluadas. También erosiona la confianza pública en el sistema de justicia. La literatura internacional ha advertido ampliamente los riesgos asociados al uso de evidencia experta de baja calidad. Las investigaciones sobre condenas erróneas en Estados Unidos han mostrado que las falencias periciales constituyen uno de los factores más frecuentes en los errores judiciales (Garrett, 2011; National Research Council, 2009). Aunque la mayor parte de esta evidencia proviene del ámbito penal, sus implicancias son plenamente extrapolables a la justicia de familia, donde las consecuencias de una evaluación deficiente pueden tener efectos duraderos sobre la vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias.


En este sentido, el libro incorpora el debate sobre la cientificidad de la prueba pericial, la admisibilidad del conocimiento experto y la necesidad de fortalecer la trazabilidad de los procedimientos utilizados. En este sentido, el capítulo desarrollado por Jorge Folino, sobre formulación del caso forense y la incorporación de la guía TEC-F (Transparencia, Especificidad, Comunicación y Fundamentación), ofrece un marco conceptual para mejorar la calidad del razonamiento pericial. La inclusión de este enfoque constituye un aporte significativo para el mundo hispanohablante, especialmente porque desplaza la atención desde los instrumentos utilizados hacia la calidad del proceso inferencial, que conecta los datos obtenidos con las conclusiones formuladas.


La propuesta es coherente con las recomendaciones internacionales que sostienen que, la calidad de una pericia no depende únicamente de la utilización de técnicas validadas, sino también de la transparencia con que el experto comunica sus métodos, limitaciones, hipótesis alternativas y fundamentos (Howes, 2015; American Psychological Association, 2013; Specialty Guidelines for Forensic Psychology).


Otro aspecto destacable es la capacidad del libro para tender puentes entre la teoría y la práctica. La inclusión de ejemplos, modelos de escritos y facsímiles de informes, permite al lector traducir conceptos complejos en herramientas concretas para el ejercicio profesional cotidiano. Esta orientación práctica, amplía significativamente su utilidad para distintos actores del sistema.


Para los peritos, el texto de Klenner y colaboradores, ofrece un marco de referencia para organizar su trabajo y fortalecer la calidad de sus informes. Para los abogadas y abogados litigantes, proporciona criterios útiles para formular preguntas psicojurídicas pertinentes y ejercer un control más efectivo de la prueba experta. Para juezas y jueces, facilita la comprensión de los elementos que permiten valorar críticamente un informe pericial. Para las universidades y programas de formación, constituye una guía valiosa para reducir la brecha existente entre la formación disciplinaria y las exigencias del trabajo forense.


Quizás uno de los mayores aciertos del texto sea reconocer que la prueba pericial es, ante todo, un acto de comunicación. Un informe técnicamente impecable, pero incapaz de responder la pregunta psicojurídica o redactado en un lenguaje críptico, pierde gran parte de su valor. Como señalan Goodman-Delahunty y Dhami (2013), la utilidad del conocimiento experto depende no solo de su validez científica, sino también de su capacidad para ser comprendido y utilizado adecuadamente por los operadores jurídicos. En este punto, el libro insiste en una idea esencial: el informe pericial no es un fin en sí mismo. Es un vehículo para comunicar conocimiento especializado de manera clara, transparente y útil para la toma de decisiones judiciales.


Una observación menor, dice relación con el capítulo dedicado a la admisibilidad de la prueba pericial. Su desarrollo jurídico posee un nivel de profundidad doctrinaria que probablemente resulte más desafiante para lectores provenientes de disciplinas distintas al Derecho. Sin embargo, más que constituir una limitación del libro, esta característica refleja una realidad propia del trabajo forense, la necesidad de que los peritos comprendan progresivamente el razonamiento jurídico que estructura la valoración de su trabajo.


Desde luego, el libro no pretende resolver todos los desafíos que enfrenta el sistema pericial chileno. Persisten debates relevantes sobre acreditación de competencias, certificación profesional, mecanismos de supervisión, evaluación del desempeño y desarrollo de estándares comunes. Sin embargo, su principal fortaleza radica precisamente en reconocer estas limitaciones y asumirlas como una invitación al diálogo.


Quizás el siguiente paso en esta línea de trabajo, sea incorporar con mayor profundidad los avances recientes de la psicología forense respecto del razonamiento clínico, los sesgos cognitivos en la toma de decisiones periciales y las estrategias de control de sesgo. La literatura internacional ha mostrado que la calidad de un informe no depende exclusivamente de su estructura o de la validez de los instrumentos utilizados, sino también de la transparencia del proceso inferencial mediante el cual el perito transforma la evidencia en conclusiones. En este sentido, la propuesta desarrollada en el libro constituye una excelente plataforma sobre la cual seguir construyendo estándares cada vez más robustos para la práctica pericial chilena.


En un contexto donde la evidencia científica adquiere una influencia creciente en las decisiones judiciales, obras como esta resultan fundamentales. La justicia de familia necesita más conocimiento experto, pero, sobre todo, necesita mejor conocimiento experto. En este sentido, este libro constituye una contribución significativa para avanzar en esa dirección. Porque mejorar la calidad de la prueba pericial no es una tarea exclusiva de los peritos, sino una responsabilidad compartida por todo el sistema de justicia.

 


Referencias seleccionadas


  • American Psychological Association. (2013). Specialty Guidelines for Forensic Psychology. American Psychologist, 68(1), 7-19.

  • Garrett, B. (2011). Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong. Harvard University Press.

  • Goodman-Delahunty, J. and Dhami, M.K. (2013), A forensic examination of court reports. Australian Psychologist, 48: 32-40.

  • National Research Council. (2009). Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward. National Academies Press.

  • Howes, L. M. (2015). The communication of forensic science in the criminal justice system: A review of theory and proposed directions for research. Science & Justice, 55(2), 145–154.

  • Vázquez, C. (2015). De la prueba científica a la prueba pericial. Marcial Pons.

  

 

Álvaro Aliaga Moore, PhD

Neuropsicólogo Clínico y Forense

Perito psicólogo, Corte de Apelaciones de Santiago

Académico e investigador, Universidad Diego Portales







Las opiniones vertidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de nuestra institución.



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Anónimo
hace 4 minutos
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Resulta difícil presentar a Arturo Klenner únicamente como referente en calidad pericial sin mencionar un antecedente central de su trayectoria: fue coordinador del Centro de Medidas Cautelares de Santiago y, según una investigación de CIPER publicada en 2016, registró 1.568 sentencias de protección en 16 meses, incluidas 277 en un solo mes. El reportaje documentó graves cuestionamientos al funcionamiento del CMC, especialmente decisiones adoptadas sin audiencia ni examen suficiente de niños y familias.

Posteriormente, la Asociación Nacional de Magistrados solicitó el cierre del Centro por problemas de fundamentación, ausencia de garantías y una concepción tutelar de la infancia. En 2023, la propia Corte de Apelaciones de Santiago reconoció que el CMC había generado históricamente críticas acerca de su legitimidad.

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